La Letra Menuda (y No Explicada) de la Carne Cero Deforestación

Algunos almacenes de cadena en Colombia venden productos cárnicos con los que publicitan su compromiso ambiental. Quizás buscan genuinamente disminuir el impacto de la ganadería en la deforestación, pero como no existen sistemas de trazabilidad y seguimiento independientes que brinden la certeza al consumidor que el producto con sello ambiental no afecta los bosques, por ahora es más mercadeo que realidad.

I. El marketing de la carne

En un rincón estratégico del  supermercado Carulla en el distrito financiero de Bogotá, un carnicero de bata blanca toma una bandeja con carne molida que lleva el sello de “ganadería sostenible”. Sobre el empaque, de manera visible, se leen frases como: “bienestar animal” y “apoyo a la comunidad”.

El punto de la carne es uno de los más elaborados en este local de la cadena de supermercados. Detrás de las vitrinas, cuidadosamente organizados, varios afiches publicitan el compromiso de Carulla con el medio ambiente. Sus carnes, dice uno, “provienen de fincas comprometidas con la conservación de los bosques”.

Esta campaña de marketing va dirigida a compradores responsables que no dudan en pagar varios pesos demás por cortes que se suponen amigables con el ambiente. “Ganadería sostenible significa que cuida del medio ambiente”, explica el vendedor sobre las etiquetas. Añade que la carne premium del supermercado viene de zonas donde “no hacen talas ilegales”. Y aunque nada tiene que ver con la preservación ambiental, de ñapa dice que tiene  “12 días de maduración garantizados”.

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Cuando le pregunto si es posible saber el lugar exacto de donde viene la carne, titubea. El vendedor apunta a un mapa en el que se ven varios puntos que representan las fincas donde pastorea el ganado que compra Carulla. Sin embargo, admite que no sabría decir que “viene de tal sitio”. Luego explica que otra  empresa se encarga de certificar el origen de los productos y que el supermercado  confía en sus procesos.

Lo que ocurre en Carulla se repite, en mayor o menor grado, en otras tiendas de esa misma cadena. En un informe (ver) de sostenibilidad de 2022, el Grupo Éxito, que hace parte de la multinacional francesa Casino y tiene la cadena más grande de supermercados del país, se lee que monitorean satelitalmente el 100 % de las fincas de sus proveedores directos de carne, y así garantizan que “respetan la frontera agrícola y la cero deforestación”. Explica  que  “nueve de nuestros(as) proveedores(as) cuentan con certificación GANSO de ganadería sostenible, garantizando prácticas ambientales, sociales, de bienestar animal, de calidad y de gerencia ganadera”, dice el informe. 

El grupo Éxito muestra que es tal el impacto de su estrategia de sostenibilidad que han tenido un “crecimiento del 173% en las ventas de los productos de Pomona Ganadería Sostenible, en 188 tiendas de las marcas Carulla y Éxito”, resalta.

Otro ejemplo a favor de una ganadería sostenible se ve en la cadena Corbeta, propietaria del hipermercado Alkosto. En su código de ética, público en su página web (ver), destacan el compromiso con el cuidado del medio ambiente, el cual también explican en videos de directivos que dicen vigilan con frecuencia las fincas de sus proveedores directos, a los que les exigen no deforestar bosques. Si lo hacen, suspenden cualquier negocio. 

“Hace dos, tres años firmamos el acuerdo de ganadería con cero deforestación, donde garantizamos que nuestros 25 proveedores, o los futuros, tienen que mirar el tema de la deforestación con la seriedad que Alkosto la ve. Hoy todas nuestras compras de ganado son responsables social y ambientalmente sostenible”, dice el gerente de sostenibilidad de esa empresa, Juan Gonzalo Barreneche, en un video publicado en 2022.

El acuerdo del que habla Barreneche lo firmaron en 2019 varias empresas, oenegés y el Estado colombiano, con la idea de construir una agenda enfocada en lograr que las cadenas de suministro estuvieran libres de deforestación, pero como se explica más adelante, está ha avanzado muy poco.

Por su parte, otra de las grandes cadenas, Cencosud, que opera las marcas Jumbo y Metro, dice que “no compra ganado proveniente de zonas de conservación y realiza monitoreo constante a las guías de movilización que genera el ICA como ente regulador”. 

Hasta aquí pareciera que las empresas que comercializan carne de res están intentando ser amigables con el ambiente, buscando reducir el impacto de este producto en la deforestación en  Colombia. Sin embargo, está investigación siguió en detalle la cadena de comercialización del ganado y encontró que de estas buenas intenciones a que se hagan realidad hay aún mucho trecho.

II. Deforestación en letra menuda

Desde hace aproximadamente una década, el impacto de la ganadería en la deforestación ha venido creciendo. La lista de factores de deforestación la encabeza la apropiación de bosques para cultivos o minería ilegal y le siguen los cultivos con fines ilícitos y la ganadería, según los monitoreos del IDEAM. 

Los ganaderos insisten en que no hay pruebas que conecten la ganadería con la tala de bosques.  En 2021, el presidente de la Federación Nacional de Ganaderos, Fedegán, José Félix Lafaurie, publicó un hilo en Twitter (ahora X) en el cual su gremio minimiza  el impacto de esta actividad con la deforestación: “Asumimos las responsabilidades que nos corresponden frente al cambio climático, pero no aceptaremos que se nos endilguen culpas como que la ganadería es la principal causa de la variabilidad climática, de la tala de bosques o la destrucción de la Amazonía”.

Sin embargo, los registros del ICA sistematizados por el medio digital 360-grados y la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), con apoyo del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) en una investigación publicada en 2021, puso en evidencia que entre 2014 y 2021, más de 110.000 cabezas de ganado salieron de predios que colindan con los diez parques naturales nacionales y regionales ubicados en la Amazonía colombiana. De esas, solo 29.000 vacas salieron directo a los mataderos. El resto fue transportado  a otros predios y a concentraciones ganaderas como subastas, de donde las volvieron a trasladar  a otras fincas o mataderos.

Esta situación se agrava cuando se sabe que durante las últimas dos décadas, según arroja el análisis de cifras  oficiales del Instituto Colombiano Agropecuario-ICA, en Colombia se deforestaron 3,1 millones de hectáreas, de las cuales 1,8 millones (58 %) corresponden a la Amazonía. Es en esa región al sur del país donde se concentra el incremento de la deforestación asociada a la ganadería. En los últimos seis años, en Caquetá, Meta y Guaviare, departamentos amazónicos que a su vez son los principales proveedores de carne para el centro colombiano, el censo de vacunación del ICA creció un 64 %. Esto significa que allí pastan hoy alrededor de 1,7 millones de vacas. El caso de Guaviare es el más crítico, su hato creció en un 89 %, que corresponde a medio millón de vacas.

Las dificultades para seguir el rastro de la carne radican en que este mercado está dominado por intermediarios que venden y transportan  el ganado. A diferencia de otros países donde la vaca nace y muere en el mismo lugar, en Colombia se mueve por diferentes predios, según la especialidad de cada ganadero, hasta llegar a manos del comprador que lleva los animales al matadero. 

En otras palabras, un novillo que nació en una finca legalmente establecida en el Meta, fácilmente puede ser transportado hasta un potrero en una zona recién deforestada en el Guaviare, para que engorde ahí durante uno o dos años, y luego sea transportado hasta otra finca cerca de Bogotá, donde esperará unos meses al comprador que finalmente se lo lleve para sacrificarlo.

Por esta dinámica de cómo opera el grueso del mercado de carne, son pocos  supermercados compran directamente el ganado en pie, vivo. Buena parte de esa tarea la realizan los intermediarios, que se encargan de buscar ganado con el peso adecuado para el sacrificio (mayor a 500 kilos), y una vez que lo pesan y compran, lo transportan a centros de comercialización y mataderos, donde otros intermediarios o mayoristas se encargan del sacrificio. 

"En todos los negocios hay un intermediario. ¿Por qué? Acá llega mucho ganado (al punto de concentración de ganado Catama en Villavicencio, Meta): llegan 40 viajes de ganado (diariamente) y no todo lo compran. ¿Quién desocupa ese ganado? Pues los intermediarios. Ellos se lo llevan para sus fincas y lo reparten cuando hay comercio."

Dagoberto Plata, a cattle trader in Villavicencio

Es por esto que las tiendas de cadena, en su propósito de garantizar que sus productos no provienen de zonas deforestadas, en especial de la Amazonía, uno de los ecosistemas más impactados por el avance de la frontera agropecuaria, no tienen cómo saber dónde se originó, ni dónde pastó el ganado. Aunque sí vigilen a sus proveedores directos, éstos suelen ser intermediarios que venden ganado de diversos orígenes inciertos.  Por eso las iniciativas de mercadeo ambiental, más allá de las buenas intenciones, no pueden realmente certificar lo que ocurre en toda la cadena de comercialización. 

III. Un asunto reservado 

Toda esta zona gris en la trazabilidad sale a flote cuando se le pregunta a algunas tiendas de cadena sobre la procedencia de la carne. 

En julio de 2022, 360-grados.co envió a las cinco tiendas de cadena más grandes del país (Grupo Éxito, Alkosto, Grupo Corbeta, Olímpica, Colsubsidio y Jumbo Cencosud), peticiones de información por escrito indagando si conocían  el origen de la carne que venden, quiénes son sus proveedores directos e indirectos, y cómo monitorean el viaje de la carne para garantizar que está “libre de deforestación”. Además, preguntamos cuáles  procesos han puesto en práctica para certificar sus productos cárnicos. 

El Grupo Éxito respondió que el 80 % de la carne de res que venden como marca propia (Frescampo, Pomona, Taeq y Ekono) y marca blanca (sin sello), la compran a 56 proveedores directos en 13 departamentos: Atlántico, Bolívar, Caldas, Casanare, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Magdalena, Meta, Santander, Sucre, Tolima y Boyacá. No compran en concentraciones ganaderas, ni a maquiladores ni a centrales de compra que, por lo general, hacen parte de la cadena de suministro. Esta cadena dice que tiene georeferenciados a sus proveedores, pero se excusa de no poder hacerlo sobre el 100 % de ellos, porque “Colombia aún no ha implementado un sistema de trazabilidad a nivel país que permita conocer el recorrido de una res desde su nacimiento hasta su beneficio”. Por eso un privado tampoco puede hacerlo.

Sus esfuerzos por acercarse a la ganadería sostenible incluyen el aval GANSO para algunos productos. Esta herramienta, desarrollada por una empresa nacional con sede en Villavicencio, certifica fincas ganaderas que tienen buenas prácticas ambientales y de sostenibilidad.

Sin embargo, Juan Pablo Castro, cofundador de GANSO, aclara que no es un sello de cero deforestación. “Tenemos ciertas salvaguardas, pero nunca podemos certificar o garantizar del todo. Cuando llegan vacas a una subasta y las compran, es imposible saber la trazabilidad”, dice. Según su experiencia, la deforestación se da en lugares donde hay mucha informalidad. “En esas zonas no hay actividad asentada de empresas. Quizás salen vacas de allá, que venden en subastas y terminan en las tiendas de cadena”, agrega.

Castro conecta la dinámica del mercado de la carne con las dificultades para seguir el rastro del ganado: las fincas que certifican los sellos no necesariamente son las que ceban a las vacas. Eso significa que, si bien estos sellos intentan depurar la cadena, aún falta lograr que la carne esté libre de deforestación, como lo creería cualquier comprador cuando lee las etiquetas ‘verdes’. 

Alkosto, por su lado, aseguró que compra, sin intermediarios, a 26 proveedores; lo que garantizaría la trazabilidad de la carne. “Ninguna (finca) se encuentra en zonas de reserva natural, ni en reservas indígenas, ni en bosques protegidos. Se encuentran en zonas de actividad agrícola permitida”, dice su  respuesta. Además, desarrollan un piloto con la Fundación Proyección Ecosocial, que “determina la ubicación de las fincas y el grado de deforestación” con fotografías satelitales. Si encuentran que la deforestación ha aumentado en una finca: “deja de ser proveedor de la compañía”, sostienen. 

Alkosto afirma que su ganado es “alimentado con pastos naturales, sin hormonas ni suplementos”, y que el sacrificio se realiza en plantas certificadas tipo exportación, donde funcionarios del ICA corroboran la procedencia del ganado. “Sin la existencia de la guía de movilización no se recibe ganado”, recalcan. Pero la empresa no da los nombres de las fincas y el lugar donde están ubicadas. 

Como ocurre con el Grupo Éxito y Carulla, el control sobre el ganado que compra Alkosto lo ejerce respecto del proveedor final. Pero lo que pudimos documentar, a través de varias entrevistas en Meta y Bogotá, es que el mercado de la carne está lleno de intermediarios. Además, casi todos los supermercados no sólo compran vacas en pie, sino también carne en canal y en postas a intermediarios, maquiladores y centrales mayoristas, lo que es más difícil controlar. 

En el caso de Cencosud, al preguntarles qué seguimiento, monitoreo y vigilancia hacen a sus proveedores para verificar que cumplan con sus exigencias ambientales, se limitaron a contestar que piden “cumplir a cabalidad con la normativa vigente y aplicable al producto que nos provee”. Estas normas son las que establece el ICA para vacunar y movilizar el ganado. 

Cencosud reconoce que no tiene una “política propia” en materia ambiental y le transfiere la responsabilidad a sus proveedores, a los que les hace firmar una carta de compromiso. También responsabiliza al Estado de verificar el cumplimiento de las exigencias legales.

IV. Confidencialidad vs. transparencia

Obtener respuestas claras y verificables sobre el origen de la carne que llega a nuestras mesas tiene una barrera adicional: todas las tiendas de cadena consultadas para esta investigación respondieron que el origen y el nombre de sus proveedores es información confidencial. A GANSO le pedimos acceso a  una de las fincas que certifica, pero dejaron de responder nuestras peticiones.

Por eso, con el apoyo del centro de estudios Dejusticia, interpusimos una acción de tutela contra Cencosud, que de nuevo se negó a responder las preguntas aludiendo que su información la cobija el secreto empresarial. En su respuesta, agregaron que este tipo de peticiones es un “desgaste” para la justicia y para ellos. Sin embargo, en diciembre de 2022, el Juzgado 19 de Conocimiento de Bogotá ordenó a través de un fallo de tutela a la empresa a resolver todos los interrogantes y a explicar por qué entregar esa información violaba la confidencialidad de sus operaciones comerciales.

Este pleito deja en evidencia los vacíos en la narrativa ambiental de las tiendas de cadena. Si están promoviendo en sus mostradores e informes de sostenibilidad su compromiso ambiental, ¿por qué se niegan a revelar de dónde viene exactamente la carne que venden? En el fallo de la acción de tutela, el juez le recuerda a Cencosud que todas las empresas  privadas están obligadas a responder peticiones de información  y solo pueden negar información cuando haya una cláusula legal o constitucional específica que imponga la reserva de información o documental. 

Aun con la advertencia del juez, la empresa a regañadientes entregó la información  de proveedores y de las fincas dónde compra sus ganados, pero insistió en que es confidencial. “Lamentablemente ante la presión por vía de elementos judiciales, nos vemos obligados a entregar información –confidencial– del negocio, la cual exigimos tenga el tratamiento de información CONFIDENCIAL con todos los efectos legales que esto implica”, dice su respuesta. 

En algunos países desarrollados, los consumidores saben la forma en la que se produce y de dónde viene lo que se comen. La Unión Europea tiene varias herramientas para hacerle seguimiento a diferentes productos como Trace (link) y en marzo de 2023(link) aprobó una ley que obliga a las compañías importadoras demostrar una debida diligencia que confirme que sus productos no proceden de tierras deforestadas ni ha provocado la degradación de los bosques, incluidos los bosques primarios irremplazables, a partir del 31 de diciembre de 2020.  

No es un asunto sólo del impacto ambiental. Los compradores también quieren saber si se le paga lo justo a los campesinos o si se utilizan agroquímicos. Avanzar en este sentido  depende, en gran parte, de la transparencia.  

V. El Estado, a paso lento

Desde hace cinco años, el Estado colombiano ha intentado resolver sin mucho éxito las múltiples dificultades para certificar que si un lote de  carne está libre de deforestación.

En 2017, durante la Conferencia sobre Desarrollo Sostenible en Río de Janeiro, varios países se pusieron como meta la “deforestación neta cero” en bienes de consumo para 2020. En el caso de Colombia, el gobierno, compañías multinacionales y ONG, acordaron una agenda común para eliminar la deforestación en las cadenas de suministro de aceite de palma, soya, papel y carne vacuna, pero su construcción se aplazó una y otra vez. En 2019 se crearon cuatro mesas (carne, leche, palma y cacao) en las que diferentes empresas y el Estado establecieron una hoja de ruta para que los sectores involucrados pudieran lograr la misma meta en 2030. 

En el decálogo de compromisos y acuerdos incluyeron el diseño, la adopción, implementación y difusión de un protocolo de monitoreo y verificación que garantizara la “no deforestación en la cadena de valor y suministro de la carne bovina y sus derivados, y de bovinos destinados a productos cárnicos”. La idea era facilitar la trazabilidad usando los sistemas de información oficiales y gremiales, así como información privada de las compañías firmantes. 

Muy poco se ha avanzado. “Son unos acuerdos flojos porque no hay fechas, no hay obligaciones, y si se incumplen no pasa nada (dado su carácter voluntario)”, lamenta Daisy Tarrier, directora en Colombia de la ONG francesa Envol Vert, que integra la mesa de ganadería.

Estos acuerdos también plantean sellos de cero deforestación, pero como resultado de la creación de un sistema de monitoreo que articule las herramientas de seguimiento del IDEAM, encargado de emitir las alertas de deforestación con las bases de datos sanitarias y de movilización de ganado que administra el ICA, algo que a la fecha no se ha logrado. 

Por esto algunas empresas iniciaron procesos de certificación propios que Tarrier califica como “autosellos”, ya que uno de los requisitos para que se garantice la “cero deforestación” es contar, precisamente, con verificación independiente. “Esos sellos son un invento”, reconoce Julia Miranda, representante a la Cámara y ponente de una ley que busca crear un sistema de trazabilidad del ganado en Colombia y que entra en trámite al Senado en la próxima legislatura. La congresista asegura que al no existir reglamentación, las empresas terminan haciendo su propia metodología y evaluación.

Durante el gobierno de Iván Duque, el Ministerio de Ambiente y el Instituto Colombiano de Normas Técnicas-ICONTEC, crearon el Sello Ambiental Colombiano, que busca mejorar la sostenibilidad ambiental en los predios ganaderos, bovinos y bufalinos. “Promueve buenas prácticas relacionadas con la siembra, el riego, el manejo de la tierra y la gestión de residuos, entre otros”, explica el ICONTEC. 

Desde su lanzamiento, en septiembre de 2021, sólo 12 predios han buscado esta certificación. Pero ninguno lo ha conseguido. “Los predios se encuentran ubicados en la región Caribe. Por temas de confidencialidad no podemos entregar el nombre de las organizaciones”, dice la entidad. 

Más allá de las buenas intenciones, el trecho por recorrer para garantizar que los productos agropecuarios que se produzcan  en Colombia estén libres de deforestación o que su producción no sea  una de las causas de la pérdida de bosques en la Amazonía u otros lugares del país es todavía grande y un reto para las empresas, intermediarios y campesinos, que están involucrados en toda la cadena.